Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva: impacto en las alícuotas de contribuciones patronales.

El 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley N° 27.541 – Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva-, en el marco de la Emergencia Pública. Ley declara la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y en dicho contexto, delega facultades en el Poder Ejecutivo Nacional.

Por otra parte, el 28 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 99/2019, el cual reglamenta aspectos de la norma. En cuanto a la vigencia de estas nuevas disposiciones, la reglamentación señala que resultan de aplicación para las obligaciones de determinación e ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de la Seguridad Social cuyo vencimiento opere a partir del día de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.541, es decir, 23 de diciembre de 2019.

A raíz de las medidas sancionadas, se generaron cambios que repercuten en los costos laborales, desde el punto de vista previsional. Debido al impacto que puede traer aparejado en los presupuestos de las compañías para el año 2020, hacemos un resumen de las modificaciones introducidas por la normativa, en materia de alícuotas de contribuciones patronales.

Nuevas alícuotas de contribuciones patronales

Se dispone la derogación de los Decretos N° 814/2001 y 1.009/2001, y del artículo 173 de la Ley 27.430 (Reforma Tributaria). En tal sentido, se mantienen dos alícuotas de contribuciones patronales diferenciadas, a saber:

  1. 20,40% para los empleadores pertenecientes al sector privado cuya actividad principal encuadre en el sector “Servicios” o en el sector “Comercio”, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución (SEPyME) N° 220/2019 y su modificatoria, o la que en el futuro la reemplace, siempre que sus ventas totales anuales superen, en todos los casos, los límites previstos para la la categorización como empresa mediana tramo 2.
  2. 18% para los restantes empleadores pertenecientes al sector privado no incluidos en el inciso anterior.

 

Vigencia

La modificación impacta para el período devengado diciembre 2019.

¿A quiénes afecta?

Las medidas afectan principalmente a las compañías categorizadas como empresas de “Comercio” y “Servicios”.

 ¿Cómo se determina la categorización?

A efectos de evaluar el límite para la categorización como empresa mediana tramo 2, los empleadores pertenecientes al sector privado cuya actividad principal encuadre en el sector “Servicios” o en el sector “Comercio”, deberán considerar el tope de ventas totales anuales que para el sector en el que estén encuadrados se encuentre fijado en el Anexo IV de la Resolución (SEPyME) N° 220/2019 y su modificatoria o la que en el futuro la reemplace.

De no superarse los referidos topes, tales empleadores podrían aplicar la alícuota menor (18%), debiendo acreditar dicha condición con el certificado MiPyME, lo que representa un importante ahorro en el costo de la nómina. No obstante, la AFIP podrá excluir a determinadas actividades de la obligación de contar con dicho certificado o en su defecto, admitir otras modalidades de acreditación, cuando las características particulares impidan demostrar de tal modo la mencionada condición.

¿Cómo se calcula el límite de ventas totales anuales?

A fines de determinar el tope de ventas anuales, se deberán promediar los últimos tres ejercicios fiscales cerrados. Asimismo, se debe excluir del cálculo el monto del IVA y de los impuestos internos que pudieran corresponder; pudiendo también deducirse hasta el 75% del monto de las exportaciones.

Antecedentes normativos

El artículo 2 del Decreto N° 814/2001 establecía dos alícuotas para la determinación de contribuciones patronales, dependiendo de la actividad principal del empleador:

  • 21% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios.
  • 17% para los restantes empleadores no incluidos en el inciso anterior.

Ello fue reglamentado por el Decreto N° 1.009/2001 que disponía que se encontraban comprendidos en el inciso a) aquellos empleadores cuya actividad principal encuadre en el sector “Servicios” o en el sector “Comercio”, siempre que sus ventas totales anuales superen, en todos los casos, los $ 48.000.000.

En base a lo expuesto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Resolución General (AFIP) N° 1.095/2001, especificó los requisitos que se debían tener en cuenta a los fines de la determinación de la mencionada alícuota.

En este sentido, se establecía que los empleadores debían aplicar la alícuota mayor del 21%, cuando se observara respecto de estos -en forma conjunta- las siguientes situaciones:

  • que la actividad principal sea el comercio, o la prestación o locación de servicios.
  • que la facturación bruta total —neta de impuestos—, correspondiente al promedio de los últimos tres ejercicios comerciales o años calendario, haya sido superior a $ 48.000.000, cualquiera sea la cantidad de personal dependiente.

Frente a dicha posición, la jurisprudencia emitida por la Cámara Federal de la Seguridad Social defendió una postura más amplia, basada en la normativa emanada por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME).

En este sentido, los importes determinados por dicha Secretaría para considerar a una empresa como PyME por sector de la economía, en aras a establecer el “nivel máximo de ventas anuales”, fue fijado en la suma de $48.000.000 para las empresas del sector “Comercio”, y en $12.000.000 para aquellas del sector “Servicios”.

Dichos topes fueron posteriormente modificados, siendo en la actualidad de $2.146.810.000 para Comercio y $ 607.210.000 para Servicios.

No obstante, la Autoridad Fiscal ha sostenido a lo largo de los años su postura, manteniendo así el parámetro de $ 48.000.000 como punto determinante para el encuadre de la alícuota de contribuciones patronales, lo cual fue un aspecto muy controvertido durante estos años, considerando el contexto inflacionario del país.

Con la sanción de la Reforma Tributaria – Ley N° 27.430-, se estableció una alícuota única de contribuciones patronales del 19,5% para los empleadores pertenecientes al Sector Privado, a partir del año 2020, para lo cual se había previsto un incremento/disminución escalonado desde el año 2018, según el empleador se encontrara aplicando el 17% o el 21%.

Este esquema beneficiaba a aquellos empleadores que aplicaban la alícuota mayor, implicando por el contrario un mayor costo para aquellas compañías del sector industrial que ingresaban las contribuciones patronales conforme la alícuota menor.

De todos modos, con la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se derogan estas medidas quedando definido un nuevo esquema contributivo.

Conclusión

En función de lo comentado, se produjo un cambio importante en el esquema contributivo previsional, lo que podría afectar a los costos relacionados con la nómina para el período 2020.

Básicamente, afecta a las empresas de servicios y comercio, ya que luego de casi 20 años del marco normativo anterior se incorpora un nuevo requisito, que llevaría a que muchas de las empresas pasen a tributar la alícuota mayor, pero también a muchas otras a quedar alcanzadas por la alícuota menor.

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